Un dato particular del resultado de las elecciones de este año es que,
por sexta vez consecutiva a nivel federal, el parlamento no presenta una
mayoría partidaria. De nueva cuenta, al igual que viene sucediendo en México
desde las elecciones de 1997, en el Congreso de la Unión ningún partido
político posee la mayoría parlamentaria, sino que la primera y subsiguientes minorías.
Este punto, dentro de los tantos que ofrece una elección presidencial para el
análisis, es importante tener en cuenta por varios motivos, uno de éstos el cabildeo
o lobbying.
El resultado de las elecciones de
2012 conformó un gobierno dividido –es decir, que el partido del poder
ejecutivo no es mayoría en el poder legislativo–, lo cual es todo un tema en la ciencia
política mexicana. Este es uno de los rasgos de la transición hacia la
democracia de México, que el presidente y su partido no tienen las curules
suficientes para, por ejemplo, por sí mismos hacer reformas de leyes, nombrar
libremente ciertos funcionarios de alto rango y designar los titulares en los
órganos de gobierno de los poderes legislativo y judicial, entre otras cosas. Por
lo tanto, no es raro que este sea un tema recurrente de los politólogos
mexicanos en sus artículos y estudios.
La politóloga María Amparo Casar,
en este sentido, es un muy buen exponente. En su artículo de la revista Nexos de este agosto, El reparto del poder: Otro gobierno sin
mayoría (Nexos, agosto de 2012, http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102851),
la académica del CIDE organiza datos electorales y, entre otras cosas,
argumenta que:
“En su relación con los poderes fácticos
las cosas son más complicadas. Muchos de ellos acompañaron a Peña en su
campaña. Muchos de ellos son los que se resisten al paso de las reformas
estructurales: el SNTE en el caso de la educación, el STPRM en el caso de
Pemex, otros sindicatos en el caso de la reforma laboral, los dueños de las
televisoras en el caso de las telecomunicaciones, los beneficiarios de la
exenciones fiscales en el caso de la reforma hacendaria, los sectores de alta
concentración de mercado en el caso de la ley de competencia”.
Más allá del alto nivel de la
autora y del artículo aludido, a mi juicio se equivoca al utilizar el término
“poderes fácticos” en lugar de “grupos de interés”. Parecería que Casar hace
referencia y habla más desde la perspectiva de un sistema tipo corporativista que
desde la de uno pluralista. Es comprensible, porque México no tiene un sistema político
pluralista tipo estadounidense (cuyo caso ha sido tildado de excepcional por
muchos). Pero tampoco es que tras la segunda alternancia partidaria en la
presidencia de la república, el sistema político mexicano no tenga rasgo
pluralista alguno. Habría que pensar que, por ejemplo en las negociaciones para
el paquete fiscal del ejercicio del año entrante, muchos y diferentes grupos de
interés, no sólo los llamados poderes fácticos, estarán involucrados y estimulados
a mover influencias en su favor.
En tal sentido, es una bondad y
un reto para el sistema político mexicano el tener una repartición del poder parlamentario
y no una concentración del mismo en las manos de un partido político. Con esto,
y está comprobado, crecen los canales de acceso para diferentes intereses y
grupos –que no deberían ser entendidos como poderes fácticos sino como grupos
de interés–, y crecen las posibilidades de que, entre los diferentes actores y
cabilderos, el nivel de esta actividad mejore, se pluralice y se haga más
transparente. Este es un reto constante, por lo que politólogos de la altura de
María Amparo Casar deberían opinar más a menudo al respecto.
