La reforma político-electoral y el lobbying en México.

La reforma política está en vísperas de ser aprobada por el Congreso de la Unión. Mucho se ha dicho en pro y en contra de la misma; muchos aspectos son susceptibles de análisis y opinión, derivado de los temas que componen a esta reforma o conjuntos de reformas. Uno de estos es el impacto de la llamada reforma política con respecto al lobbying o el cabildeo.

Si bien lo que se terminará aprobando en estos días, como muchos columnistas y analistas vaticinan, es más una reforma electoral que una política –o bien, puede ser denominada reforma político-electoral–, los cambios propuestos son, sin duda, relevantes para el sistema político democrático en sí. Cabe aclarar que las reformas están más ligadas a la democracia minimalista que a la maximalista, por eso se discuten asuntos relacionados a mecanismos indirectos de participación y no a directos. Es decir, aunque al ser una reforma fundamentalmente electoral quedan afuera cambios al sistema político que, en principio, también estaban en la mesa –como por ejemplo, el referéndum, la segunda vuelta electoral o ballotage y la consulta ciudadana–, las reformas propuestas son importantes, como es el caso de la reelección de diputados federales y locales, senadores y alcaldes.

Así, los puntos fuertes de la reforma política son la reelección de legisladores federales y locales, así como de alcaldes, y el cambio de las instituciones que lleva a cabo las elecciones. Entre otras cosas, estos son elementos esenciales para el desarrollo del cabildeo. Dado que muchas de las estrategias y prácticas del cabildeo se basan en la intervención de los diversos grupos de interés en procesos electorales, la aprobación de la reelección para legisladores –y alcaldes–, significa un incentivo para que las prácticas del cabildeo mexicano estén más apegadas a las que se llevan a cabo en el arquetipo estadounidense. Asimismo, hace que la relación de los cabilderos se profundice con los políticos que son legisladores y candidatos, lo cual quita peso a los partidos en cuanto a la selección y apoyo de candidaturas.

Si bien el cabildeo tiene aspectos negativos como ser un medio para la corrupción, el tráfico de influencias y la inequidad entre los diversos grupos de interés e intereses, también tiene impactos positivos para la democracia. Entre otros, amplía la especialización técnica de las demandas de los distintos sectores que hacen cabildeo, lo cual mejora la calidad en las propuestas de leyes, reglamentos y reformas que genera el Poder Legislativo. Asimismo, es un medio para gestionar más asertivamente los intereses de los distintos ciudadanos y grupos, lo cual es una manera de potencializar la eficiencia y eficacia de la democracia, así como su pluralidad. 

Por otro lado, y regresando a la reelección legislativa que está por ser aprobada en México, los legisladores al poder ser reelectos no sólo tienen más incentivos para rendir cuentas en sus distritos electorales y ser más transparentes, sino que  alcanzan especialización legislativa y técnica en determinados temas. También, los legisladores pueden adquirir cierto grado de independencia de su partido político, siempre y cuando tengan la simpatía del electorado.

Así, con todo y las fallas o faltantes, la reforma político-electoral que trae la reelección de legisladores y alcaldes es un paso adelante para el sistema político y la democracia en México. Como se mencionó, la especialización de los legisladores en determinados temas relacionados a algún sector económico y de la sociedad, es positivo para la calidad de la democracia. Asimismo, es un estímulo para la profundización de la relación especializada entre los legisladores y cabilderos de los distintos sectores, grupos y firmas. Esto sumado a la perdurabilidad y calidad de las relaciones entre unos y otros, puede potencializar el cabildeo, lo cual es un insumo importante para la consolidación de la transición hacia la democracia.

El cabildeo en México y las noticias del caso de PWC.

A raíz de las notas periodísticas que en semanas pasadas dieron a notar las prácticas de los cabilderos de la firma PriceWaterhouseCooper (PWC) en el Congreso de la Unión, el cabildeo volvió a ser noticia en México. Pero, ¿qué aspectos se resaltan de esta actividad tan controvertida en las noticias referidas?

El pasado 14 de octubre, el periódico nacional El Universal publicó que la firma PWC ofrece sus servicios de cabildeo para “tirar” o “modificar” artículos contenidos en la entonces propuesta de reforma fiscal del Poder Ejecutivo (http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/1-mdd-por-cambiar-un-articulo-de-la-reforma-958005.html). Este periódico aseguró que, como se detalla en un documento confidencial que posee de esta firma, por cada artículo de la ley que logre modificar, PWC, presuntamente, cobra un millón de dólares más IVA. Asimismo, detalló que supuestamente cobra 70 mil dólares por cada entrevista que realice con cualquier legislador, y 5 mil dólares más IVA por cada hora invertida en el análisis de algún asunto. A todo esto, la firma replicó que existen errores de interpretación en el documento confidencial al que hace referencia El Universal, ya que dichos honorarios son en moneda nacional y no en dólares, como se afirma en las noticias, entre otras cosas.  

Con estas noticias, el cabildeo en México se hizo notorio otra vez en la opinión pública. Pero tomó relevancia por el tráfico de influencias y la corrupción que puede suscitar, no por la información técnica y la pluralidad de voces que puede presentar a los legisladores ante un asunto determinado, como puede ser una reforma fiscal. Esto es una constante: parecería que el cabildeo o el lobbying es sinónimo de corrupción, lo cual induce una acepción negativa y parcial del mismo. En ese sentido, normalmente se hace especial énfasis en ese aspecto sombrío de la materia, pero se pasan por alto los aspectos positivos de la misma.

Los cabilderos de PWC están registrados como tales en el Congreso de la Unión y suscriben el código de ética de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo (PROCAB). A pesar de todo esto, llamó mucho la atención pública el monto que los cabilderos cobran por su labor. Igualmente, porque la corrupción es, otra vez, una constante en la política, en los políticos y los cabilderos que se benefician de la disposición de los bienes públicos de manera discrecional.

Además de que las noticias del cabildeo de PWC mostraron el lado negativo y más famoso del lobbying, vale resaltar que éstas también hicieron referencia a un crecimiento y desarrollo de este fenómeno en México, lo cual es una forma de mirar positivamente el tema. El Poder Legislativo federal, tanto su cámara baja como la alta, cuentan con un apartado en sus reglamentos interiores que norman al cabildeo y la actividad de los actores que lo llevan a cabo. Pocos países cuentan con este tipo de normatividad; en América Latina, México es de las pocas democracias en transición de la región que cuenta con este tipo de reglamento, lo cual no es poca cosa. Pero parecería que esto no es noticia, mientras que la corrupción sí. 

Poniendo en perspectiva el asunto, las noticias referidas de El Universal colocaron el acento en aspectos negativos del cabildeo, pero sirvieron para poner el reflector sobre el tema y apresurar reformas en la normatividad que regula a la actividad. Aunque todavía quedaron pendientes para hacer más transparente el trabajo de los cabilderos, las reformas realizadas al Reglamento interior de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el capítulo del Cabildeo, son avances importantes en esta materia, ya que expresamente tipifica y prohíbe los sobornos.

Así, pudiera hacerse la lectura de que los avances en la regulación del cabildeo o lobbying en México, son parte de los resultados tangibles que arroja la consolidación de la transición hacia la democracia. Es decir, vale la pena matizar al lobbying y percibir tanto los aspectos positivos como los negativos para la democracia, tomando ambas acepciones y no solamente una de estas como normalmente ocurre.    

El pragmatismo y la moral en la política: Maquiavelo y sus detractores.

En días pasados se llevó a cabo en Puebla el Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Alcaldes A.C. (ANAC), siendo Luis Felipe Bravo Mena, un histórico dirigente del Partido Acción Nacional, quien estuvo a cargo de la conferencia magistral del evento. Entre los temas expuestos en su excelente intervención, se desprendió una idea sustancial: aunque se ha sostenido que la deformación de la política es un rasgo del siglo XXI, que han caído las ideologías y los paradigmas del siglo pasado, todavía existe una pugna entre la política con base en la moral y la política con base en el pragmatismo. Así, con todo y que la conferencia de Bravo Mena tocó varios puntos, la idea referida desprende un debate interesante de la filosofía política: Maquiavelo y el pragmatismo contra la moral y el deber ser.

Hablar de Maquiavelo y sus detractores, obliga a consultar textos que hayan criticado la obra del autor de El Príncipe. Un autor que trabajó de manera crítica en ese sentido, fue Federico II El Grande de Prusia. En el año 1740, traducido al español cinco años después, se publicó el libro El Anti Maquiavelo, en el cual el rey y pensador Federico II de Prusia hace una rotunda crítica moralista –o como él la llama, humanista–, sobre el trabajo de corte pragmático y realista de Maquiavelo. En su libro, Federico II toma cada uno de los capítulos de El Príncipe y los critica, sobre todo en relación a la moral humanista que carecen los postulados de Maquiavelo.

En tal sentido, el Anti Maquiavelo comienza así: “El Príncipe de Maquiavelo es a la ética lo que la obra de Spinoza es a la fe. Spinoza vació la fe de sus aspectos fundamentales y resecó el espíritu de la religión; Maquiavelo corrompió a la política y se dedicó a destruir los preceptos de la sana moral”. El autor reprocha a Maquiavelo por propiciar la tiranía, entre otras cosas, y de El Príncipe examina los tres modos legítimos, que establece Nicolás Maquiavelo, para convertirse en el gobernante de un país: la sucesión hereditaria; la elección por el pueblo allí en dónde está establecido el derecho electoral, y; la conquista de territorios enemigos, cuando la misma es el resultado de una guerra librada legítimamente.

En primer término, Federico II no se diferencia de Maquiavelo. Al decir que la monarquías hereditarias son las más fáciles de gobernar, no hay diferencia entre los dos autores. Pero éstos sí se diferencian entre sí en cuanto a la manera de consolidar o preservar el dominio en los territorios conquistados. Dice el autor del Anti Maquiavelo, “de acuerdo con la opinión de Maquiavelo, no hay mejor forma de preservar un Estado recién conquistado que destruyéndolo. Esta sería la manera más segura de no tener que temer una revuelta… Maquiavelo nos dice que un príncipe debe destruir al país libre recientemente conquistado para poder conservarlo con tanta mayor seguridad. Pero me pregunto: ¿para qué se emprendió la conquista en primer lugar? Se me dirá que fue para aumentar su poder y para hacerlo más temible. Pues precisamente eso es lo que quería oír para demostrar que – de acuerdo con los propios principios propuestos por Maquiavelo – lo que se logra es exactamente lo opuesto. Porque la conquista le ha costado mucho y destruyéndola lo único que logra es aniquilar al país que podría haberlo compensado de las pérdidas. Habrá de serme concedido que un país asolado, despojado de sus habitantes, no puede hacer poderoso a un príncipe”.

Como este tipo de análisis son los que se encuentran en este trabajo crítico a El Príncipe. Federico II de Prusia, alrededor de doscientos años después de la aparición de El Príncipe, critica a Maquiavelo por su modo tiránico de ver la política y el gobierno, por su ego contrario a cualquier mesura digna de un gobernante humanista. Entre otras cosas, estos son los temas que siempre han ocupado a la política y, como lo expuso Luis Felipe Bravo Mena en día pasados, con el transcurrir del tiempo las cosas cambian pero no en lo fundamental.  

Lobbying histórico: la Intervención Francesa en México y el caso de Puebla.

El cabildeo o lobbying se ha vuelto a hacer presente en Puebla, en días pasados, en relación a la protección de la vida y los derechos de los animales. El cabildeo indirecto que se desarrolló por distintas agrupaciones que defienden los derechos de los animales, dio cuenta de que este fenómeno ha venido in crescendo en cuanto a su cantidad y calidad en México, así como en entidades como Puebla. Pero esta no es una actividad nueva, y en este artículo se explorará al respecto.

Si bien el cabildeo se ha reimpulsado y hecho cada vez más profesional desde la transición hacia la democracia, este no es un fenómeno nuevo en la política mexicana ni latinoamericana. La gestión de intereses, aunque en democracia se desarrolla más libre, de forma más transparente y plural es tan vieja como la propia política. En tal sentido, si se entiende al cabildeo o al lobbying en una concepción amplia y laxa como la gestión constante del derecho de formular peticiones ante las autoridades, se puede formular la siguiente hipótesis: así como en los Estados Unidos de América –donde el lobbying fue practicado desde la época de las 13 Colonias y ocupó, como tema, a los Padres fundadores a finales del siglo XVIII–, también en México –y Puebla para ser más precisos– el cabildeo se comenzó a desarrollar en la época del Virreinato de la Nueva España, mucho antes de México como Estado-Nación y la democracia liberal republicana como régimen político.  

Esta obvia hipótesis, en muchas ocasiones, ha sido ignorada cuando se habla del cabildeo en México. Pero, como consta en el libro Testimonios de la Puebla de Zaragoza en el Archivo General Municipal de Puebla: 1857-1980 (BUAP y Ayuntamiento de Puebla, AGM, 2012: 117), en la serie Expedientes del Archivo General Municipal –la cual está compuesta de mil quinientos volúmenes que, desde la segunda mitad del siglo XIX, se recopiló para catalogar los diferentes asuntos que concernieron al gobierno municipal–, el cabildeo se practicaba por criollos, comerciantes, eclesiásticos, militares, entre otros habitantes encumbrados de la sociedad novohispana. De igual forma sucedía en el siglo XIX. Esto se constata con documentos que datan de 1591 y pasan por los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. Entre los temas que destacan dentro de estas serie de documentos del cabildo municipal, destacan las gestiones que se hacían para permisos de construcción de hospitales, conventos y escuelas, así como solicitudes de tierras. 

También, constan documentos sobre cuestiones muy sensibles que vivieron los poblanos en 1863, año que ocupa al libro mencionado. En el año de la intervención francesa, un tema sucitó muchas peticiones a las autoridades: la obligatoriedad para los poblanos de alojar en sus casas al ejército francés, que tomó la ciudad tras el sitio de Puebla. Es decir, el hecho de peticionar frente a las autoridades del Ayuntamiento Municipal, ha sido ejercitado desde tiempos remotos, y el siglo XIX no fue la excepción.   

Así, mediante un escrito dirigido al Cabildo y fechado el 20 de octubre de 1863, doña Catarina González de Remolina, preceptora de primeras letras en la ciudad y Directora de la Enseñanza Municipal para niñas, pedía que se le pagara lo que había dejado de percibir durante el tiempo del sitio, además de otros tres meses que había invertido en la reapertura de una nueva escuela y el aumento de dos pesos mensuales para igualar el sueldo que antes percibía. Pese a los oficios de la señora –que más allá de ese escrito, se desconoce si ella organizaba tertulias, invitaba a agasajos sociales, asistía a eventos públicos como ir a la Catedral o a la ópera, o si financiaba algún tipo de publicación, lo cual serían algunas acciones de cabildeo propias de aquellos tiempos–, el Ayuntamiento acordó que no había lugar a lo solicitado. Este fue un tema que ocupó a muchos en la Puebla de aquellos tiempos. Semanas después, el cuerpo edilicio recibió un proyecto de contribución para liberar a los habitantes de Puebla a la obligación de dar alojamiento a los oficiales, mismo que incluía un presupuesto aproximado de alojamientos en los diferentes cuarteles y hospitales de la ciudad. Dicho proyecto no tuvo ningún acuerdo o tratamiento posterior. Como siempre, los tiempos y contextos son determinantes para la fortuna de ciertos intereses y cabildeos.

El 14 de marzo de 1866, alrededor de dos años y medio después de los documentos antes mencionados, los tiempos cambiaban y el Cabildo hizo del conocimiento que se recibió el ocurso relativo a la solicitud que realizó el presbítero Manuel Paz y Puente, para que se le paguen los arrendamientos de unos entresuelos de la casa número 4 de la calle de Santa Teresa que fueron ocupados por el ejército francés; la ocupación fue hecha por un oficial de marina, desde mayo de 1863 hasta octubre de 1864, adeudándosele 144 pesos. El expediente tuvo el número 151 de la sección de Hacienda. También, consta el ocurso relativo al pago de arrendamientos de la casa número 9 de la calle Mesones, solicitado por dona Ignacia Rangel el 20 de marzo de 1866, por haber sido ocupada por oficiales del ejército francés; el expediente tuvo el número 162 de la sección de Hacienda.  

Las demandas, peticiones o acciones en pro de algún interés particular que se realizaron por distintos poblanos y poblanas en la época de la intervención francesa, pueden ser asumidas como acciones de cabildeo. Así, se puede pensar que durante el siglo XIX la gestión de intereses, al igual que durante la colonia española de la Nueva España, iba queriendo emerger. Es decir, aunque la historia mexicana es basta en su temática, el cabildeo o lobbying no es una un tema muy tratado; lástima para un tema tan apasionante, ya que sobre el material que puede demostrarlo.      

La política entendida en términos de Maquiavelo.

Pasadas las elecciones locales en Puebla así como en otros trece estados mexicanos, llega la hora del análisis. Pensar en lo que vendrá en la política local y nacional, requiere reflexionar a fondo sobre la política en sí. Para ello, en este artículo se expondrá brevemente una noción sobre la propia política en relación a El Príncipe, misma que sirva para plantear escenarios posibles en el ajedrez del poder.  

Siempre que se va a analizar el estado de las cosas en la política y plantear escenarios, antes que nada es preciso definir qué se entiende, justamente, por política. Aunque existen diferentes conceptos de la política, escoger una definición de ésta que la emparente estrechamente con el poder, es una opción válida para entablar un análisis coyuntural realista. Así, la ineludible selección es la concepción de la política fundada por la escuela de Nicolás Maquiavelo, cuya definición dice algo así: la política es el medio para hacerse, llegar o conquistar el poder, construir y cimentarlo, para luego afianzar y preservarlo. Por último, llega la etapa de ampliar o expandir el poder. Es decir, la política es un medio y el poder el fin o suceso.  

En términos generales y en razón de la definición expuesta, la actividad política tiene tres momentos clave. Al principio está la conquista del poder; puesto que los vacíos de poder son muy raros, en todo caso muy breves en el tiempo, y por regla general el poder está siempre ocupado por alguien que jamás lo entregará gratuitamente. A la conquista le sigue la construcción política, mediante la cual el poder conquistado se afianza y avanza sobre los objetivos que su poseedor se ha propuesto. Por último, casi como corolario del primer momento, el poder necesita ser consolidado y defendido, ya que siempre será disputado por otros que también aspiran a ejercerlo. Aquí es donde se llega al punto de ampliar el poder, en la lógica que la mejor manera de defender lo obtenido y construido es a través de la expansión o el ataque. 

Por lo anterior, se puede apreciar que el momento central, trascendente, de la actividad política llega con el momento de la construcción. Ese momento, el de la construcción de poder, es en realidad el que justifica –o no– a los otros dos. Es precisamente el momento, también, al que de alguna manera se refiere Maquiavelo con su famosa y casi siempre mal citada frase: “el éxito justifica los medios”. El “éxito”, no el “fin”. Es decir, el fracaso no justifica los medios, pero el éxito sí. Así, con el éxito que tuvo en Puebla la alianza de partidos encabezada por el PAN, se justificaron los medios empleados desde que la alianza llegó al poder, lo cual le da espacio para seguir construyendo y afianzando su poder, obvio en cánones de legalidad y legitimidad democrática. Eso es lo que hará, sobre todo el gobernador Moreno Valle, si se entiende a la política como se expone en este artículo, en sintonía con El Príncipe.

En resumen, analizar asuntos políticos y la coyuntura después de una elección requiere reflexionar en la política y entender de qué se trata. Así, pensando la política en los términos expuestos en este artículo, se pueden trazar escenarios políticos plausibles. En tal sentido, es factible que Moreno Valle y el PAN –como principal partido dentro de la alianza Puebla Unida– van a ir por todo el poder que la democracia permite. Es decir, llegaron al poder hace tres años por la vía electoral, construyeron poder y el éxito reciente en las urnas refrenda los medios utilizados, con lo cual afianzó su poder ante sus contrincantes. Ahora resta ver cómo el PAN y Moreno Valle buscarán expandir su poder local para llevarlo al tablero nacional. Es lo que les toca, sobre todo al gobernador que es, ya, uno de los referentes más prominentes del PAN a nivel nacional.  

Reforma política y reelección en México.

Es cuando menos interesante el que en México se esté debatiendo y reflexionando sobre reformas al sistema político. Reformas en y al sistema, no de éste como sucede en los países que integran el ALBA bolivariano. El Pacto por México, el acuerdo tipo La Monclova de puntos básicos a tratar en la agenda pública, que los tres partidos más importantes del país firmaron con el poder ejecutivo federal, contiene lo que se denomina “la reforma política”. Los partidos en el Congreso de la Unión también tienen el tema, aunque con variantes. Inclusive, varias de las asignaturas enmarcadas en la llamada reforma política están en la agenda nacional desde el sexenio pasado. Entonces, sin priorizar qué paquete de reformas tiene que ser pensada y discutida primero, la reflexión sobre las enmiendas que se proponen a la política es necesaria para un ítem fundamental para el estado de la democracia en México.  

Vale decir que todas las reformas que se proponen en temas electorales, administrativos, financieros o hacendarios, de medios de comunicación, educación, penales, etcétera, son políticas en tanto impactan en la vida y gestión del poder, es decir, en la política misma. No obstante, la llamada reforma política bien puede ser titulada así porque agrupa reformas en leyes y normas que regulan los procesos electorales, el comportamiento de los partidos, entes administrativos y de gestión del Estado, entre otros temas que comúnmente son etiquetados como asuntos de la política con mayúscula. Así, más allá de la reforma política en su versión Senado de la República o Pacto por México –ya dividido en tres ejes: reforma secundaria en materia electoral, ley de partidos políticos y régimen político–, un tema básico es la reelección de legisladores y alcaldes.

Plantear la reelección es un asunto con muchas aristas. Una de estas es que los partidos políticos se ven afectados porque pierden poder ante legisladores o alcaldes, quienes se vuelven más independientes del aparato del partido. Esto puede contraer cambios en los modelos de partidos, entre otras cosas. Por ejemplo, al salir de campaña repetidas veces para el mismo puesto y en el mismo distrito, así como al tener mayor cercanía y capacidad de gestión que el partido ante determinadas comunidades de un distrito dado, los cuadros políticos ganan peso sobre los partidos. Es decir, entre otras cosas, los políticos que ostentan cargos de representación, independientemente de la división de puestos jerárquicos que cada partido acuerde o designe para ellos, toman preponderancia frente a sus respectivos partidos, su burocracia y dinero. Esto choca con un fundamento de la actual democracia mexicana, que se podría esquematizar en que los partidos políticos sistémicos, medianamente institucionalizados y fuertes sostienen a los sistemas de partidos y electoral, en los que a su vez descansa la democracia todavía en transición.

Así, aunque la reelección debilita a los partidos frente a los políticos que son representantes de la ciudadanía –“parlamentarios”, en términos del clásico Maurice Duverger–, esta juega un papel central para cualquier democracia minimalista: potencia el valor y peso del voto. Es decir, en teoría, la reelección empodera al ciudadano y efectiviza el principal instrumento de participación –el sufragio–, lo cual no es menor en una democracia liberal, de corte minimalista. Las democracias liberales, minimalistas, elitistas, schumpeterianas o pluralistas asignan un valor fundamental a las elecciones libres y competidas. Justamente, se llaman minimalistas porque el mecanismo más importante para legitimar y legalizar un gobierno democrático es mínimo, ya que se da en las urnas y en el origen del gobierno, no tanto en la gestión. En tal sentido, instrumentos para efectivizar el voto son torales para la calidad de este tipo de democracia.

Con todo y que en los últimos años han habido intentos y acciones en pro al gobierno abierto, es decir, a una democracia un tanto más maximalista, con distintos instrumentos de gobernanza y rendición de cuentas que pugnen por hacer que la democracia de las urnas sea trasladada a la gestión, el núcleo del sistema democrático liberal que rige en países de occidente sigue siendo minimalista. Entonces, hablar de reelección no es un tema menor. Al existir la posibilidad de la reelección, muchos de los políticos que ostentan puestos de elección popular se verán ante la opción de reelegirse en su cargo, lo que en teoría significa confrontarse ante el escrutinio público para evaluar su trabajo. Esto pudiera abonar a la rendición de cuentas vertical, la primordial en el sistema democrático que México tiene.

Sin dudas que el tema de la reelección conlleva muchas aristas y dicotomías. Incluso, también debería contemplarse la reelección del presidente de la república, la periodicidad de las reelecciones y los tiempos de gestión. Pero, por el momento, eso sería demasiado pedir. El asunto está muy arraigado en la cultura política mexicana y se acuña con el lema de la revolución “sufragio efectivo, no reelección”, mismo que el priismo amoldó para que el principio deviniera en generaciones de políticos chapulines. Dejando de lado lo anterior, la reelección de alcaldes, diputados locales y federales, así como de senadores es importante y está en puerta, por lo que se necesitarán distintas opiniones para matizar un tema que no es sencillo y ni siquiera es avalado por muchos académicos, políticos y ciudadanos.             

Reforma política reloaded

La llamada reforma política a nivel federal contraataca en México, ahora recargada o reloaded. Tiempo atrás, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, las reformas en materia político electoral fueron fallidamente puestas en la mesa de negociación. Ahora, en el sexenio de Peña Nieto, las reformas políticas vuelven a la luz, con cierto consenso político y con el halo del Pacto por México. Habrá que ver qué pasa.

Aunque en el pasado el PRI y el PRD se opusieron a las reformas políticas que promovía el PAN y el entonces presidente Calderón, actualmente las cosas no son iguales. Tanto el PAN como el PRD en el Senado de la República acordaron presentar en esa cámara legislativa una reforma política, misma que es coincidente en varios puntos con la presentada en el sexenio pasado y adiciona otros puntos más. En resumen, la iniciativa de reforma política consta de treinta temas importantes para la consolidación de la transición hacia la democracia en México.

La propuesta en comento contiene reformas para crear los gobiernos de coalición con un jefe de gabinete, reconocer en los gobiernos comunitarios un cuarto nivel de gobierno a nivel constitucional, así como darle autonomía al CONEVAL e independencia a la PGR. Además, contempla el ballotage o segunda vuelta electoral, la reelección legislativa, la eliminación del fuero, incluido el presidencial, y la reforma política en el Distrito Federal.

También, propone la fiscalización anticipada y durante las campañas de todos los recursos de partidos y candidatos, la pérdida de la candidatura y registro para el partido que rebase los topes de gasto durante las campañas, la nulidad de la elección, la destitución del cargo e inhabilitación del candidato –cuando el sobrepaso de los recursos gastados se acredite concluidos los comicios. De igual forma, plantea sanciones penales por la transmisión de propaganda o publicidad encubierta, la revocación de la concesión de radio y televisión cuando el medio intervenga ilegalmente en las campañas electorales. Además, obliga a los encuestadores a publicar y revelar la metodología, las fuentes de financiamiento y potenciales conflictos de interés con partidos, candidatos, gobiernos e intereses económicos o mediáticos, entre otros puntos.

Entre demás cuestiones de la propuesta de reforma política que se está elaborando en el Senado, valdría la pena resaltar que la reelección tendría que ser tanto para los cargos legislativos como para los cargos ejecutivos. En ese sentido, si la reelección es un mecanismo para tratar de reforzar la rendición de cuentas y la profesionalización de los cuadros políticos y administrativos gubernamentales, no queda claro por qué la reforma no contempla la reelección de los alcaldes y del propio presidente.

En otros países que cuentan con este mecanismo, como los Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina, por solo nombrar algunos del continente, si bien la reelección per se no asegura la rendición de cuentas, sí afirma que los órdenes de gobierno más próximos a la ciudadanía, es decir, el gobierno local o municipal y el poder legislativo, tengan que rendir cuentas periódicamente mediante el principal mecanismo de la democracia minimalista: las elecciones. Es decir, apuntala la efectividad del voto. Para esto, los períodos de mandato se tendrían que acortar a, por lo menos, cuatro años y los partidos políticos perderían un poco de fuerza frente al legislador o alcalde, según el caso. Pero este es un largo tema de discusión que no cabe en este artículo de opinión.

Con todo, es importante resaltar que tanto los partidos en el Congreso de la Unión como en el Pacto por México están tratando el reformar las normas que regulan a la política, la administración pública y a las elecciones en México, lo cual es un avance importante para la democracia mexicana. Habrá que ver qué pasa.

Elecciones en Venezuela y democracia mínima.

Una de las reglas de cualquier democracia mínima es la aceptación y respeto de los resultados electorales por parte de los competidores y actores. Ya sean los ganadores o los perdedores, un sistema democrático minimalista más o menos de calidad es aquel en donde se respeta el resultado de las urnas, mismo que tuvo que haber emanado de elecciones libres, competidas y competitivas, entre otras cosas. Esto último, para el caso reciente de las elecciones presidenciales de Venezuela no aplicó.

A diferencia de lo que sucedió en ese país unos meses atrás, cuando el todavía presidente Hugo Chávez fue reelecto por tercera vez al vencer al candidato opositor, Henrique Capriles, quien aceptó su apretada derrota, ahora el mismo candidato opositor no está conforme con los resultados electorales e impugnó la elección. Más allá de si la postura de Capriles y los suyos responde a una estrategia diferente a la que tomaron unos meses atrás, así como si está en lo correcto o no, sin duda que la situación representa un problema para la democracia, con todo y que Venezuela hace tiempo que es un país con serios problemas en lo que tiene que ver con su sistema político democrático liberal.  

En tal sentido, como lo argumentara Alonso Lujambio en sus impecables textos sobre transición hacia la democracia, quien pierde y no acepta su derrota mete en aprietos a una democracia mínima. Vale decir que, este tipo de democracia liberal se resguarda en un sistema electoral competitivo y competido, con reglas claras y aceptadas por todos los jugadores, entre otras cosas. Así, un principio fundamental de la democracia, aceptar la victoria o la derrota electoral, según sea el caso, se ha visto mermado en las elecciones recientes de Venezuela. Con menos del dos por ciento de diferencia entre Nicolás Madura y Henrique Capriles, éste considera que la elección no fue democrática y que existieron manejos fraudulentos por parte del chavismo. Es decir, al existir dudas sobre el funcionamiento del sistema electoral venezolano y del marco democrático en el que estas se desarrollaron, pareciera que no se sabe cómo se llama el juego en el cual Capriles perdió contra Maduro.

Varios analistas han hecho el parangón con el caso de las elecciones presidenciales de México en el 2006, pero habría que ver hasta qué grado son casos comparables. Más allá de la comparación y la posibilidad de equiparar ambos casos, la diferencia obligada que hay entre el caso mexicano del 2006 y el reciente de Venezuela es que, las diferencias son grandes entre un país y otro en cuanto al grado de consolidación y hasta tropicalización del sistema democrático liberal. Es decir, el contexto en el que Maduro le ganó a Capriles no es similar al que existió cuando Calderón le ganó a López Obrador.

Así, el hecho es que en Venezuela Capriles no está respetando lo fundamental para una democracia minimalista: el veredicto de las urnas y del voto de la ciudadanía. Sin embargo, el contexto en el que se desenvolvieron las elecciones recientes de Venezuela dista de ser uno mínimamente democrático, con lo cual la reacción del candidato opositor ante el resultado y cómo éste se oficializó puede ser correcto o plausible, pero llama la atención porque mete en mayores aprietos al endeble sistema democrático liberal de Venezuela.