Daniele Conversi, University of Lyncoln, UK. En, National Identities, Vol. 4, N° 3, 2002, 223-244.
Traducción: Mario Ricciardi
A veces es olvidado que la transición hacia la democracia de España (1975-1986) ocurrió en los comienzos de una movilización nacionalista-regional sin precedentes. Desde la muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, hasta la entrada de España a la Unión Europea (que era la Comunidad Europea), el 1° de enero de 1986, España fue transformada, de ser uno de los Estados más centralizados de Europa Occidental a llegar a ser una monarquía cuasi-federal. Estos cambios en el centro del poder fueron acompañados por un descenso en la violencia nacionalista y étnica. Después de haber alcanzado un punto máximo entre los años de 1978 y 1980, las actividades terroristas de a poco languidecieron. Estos años, además, fueron testigos de la emergencia del nacionalismo vasco y catalán como movimientos de masas, lo cual fue posible tras la caída de la dictadura y restituida la libertad de expresión.
Dos instituciones jugaron un rol crucial, aunque yuxtapuesto: mientras el Ejército actuó como un obstáculo a la mayoría de las reformas, la Monarquía tuvo un rol muy positivo en ellos. El advenimiento de la democracia era sólo posible de alcanzar a través de la eliminación de la influencia del Ejército en la vida política. La Monarquía, en cambio, representó la continuidad entre lo antiguo y el nuevo orden, siendo así la única institución respetada tanto por la Vieja Guardia (representada por el Ejército) y las fuerzas democráticas.
Las presiones nacionalistas resultaron en memorables cambios institucionales. Similarmente a la caída de las mayorías de los regímenes dictatoriales, la democratización en España estuvo firmemente ligada con los espacios que se dieron para alojar las aspiraciones de las minorías. Las minorías nacionalistas aumentaron mientras la democratización se profundizaba. Hacia el final de la dictadura de Franco, la lucha por los derechos democráticos iba de la mano con las luchas por la libertad cultural y la autonomía política de las provincias. Todos estos temas eran vistos en el marco de una sola e inseparable cuestión que atender las metas políticas de los movimientos de libertades civiles. Al mismo tiempo, los sentimientos nacionalistas salieron a flote otra vez, tras haber estados sumergidos por décadas. Luego de la muerte de Franco, el movimiento unitario alcanzó su mejor momento en 1977.
Cuando Franco murió, el Estado español era todavía de facto y se encontraba en un proceso de fragmentación virtual, mientras algunas tendencias en desintegración iban más allá de la retórica unitaria del régimen. Más de 20 años después, las movilizaciones masivas parecen haberse acabado, pero España se ha redefinido a sí misma como un Estado multicultural, inclusive multinacional.
Las razones para el éxito español se encuentran en la mezcla de varios factores, el más importante de los cuales vino del liderazgo pragmático del Rey Juan Carlos. La Monarquía se transformó en el vehículo ideal para las aspiraciones de una sociedad en cambio, abrazando las distintas identidades de la diversidad de españoles. El Rey puede ser apropiadamente descrito como “el piloto del cambio”. Él triunfó en neutralizar el poderoso Ejército español, que era la fuerza que más vehementemente se oponía al cambio democrático y a cualquier concesión para con los nacionalismos periféricos. De todos modos, este pragmatismo no fue para nada único del Rey, sino que fue practicado por todo el liderazgo político. Este tipo de actitud puede ser sólo rastreada en los tiempos de la Guerra Civil.
En el tiempo del proceso de transición, un gran esfuerzo fue puesto para establecer un política de reconciliación basada en una suerte de sensación de culpa colectiva sobre los errores del pasado. Así, se llegó al consenso de que los errores que se habían cometido para destruir a la Segunda República tenían que ser evadidos por todos los medios. “La manera española” (the spanish way) ha estado caracterizada por una “transición por acuerdo”. Ciertamente, un elemento crucial fue la falta de alternativas de gobierno salvo la democracia, a pesar de su aparente debilidad.
Por otro lado, el éxito de las nuevas elites democráticas recién se dio al final del proceso, como un resultado directo del fracaso total de la dictadura en poder entablar una relación con las disidencias nacionalistas, particularmente con los separatistas vascos. Paz y orden eran los cimientos del régimen antiguo (ancien regime). De todos modos, 40 años de represión a cualquier movimiento y aspiración étnico-nacionalista sólo tuvo éxito en exaltar las identidades nacionalistas y separatistas.
Así, la joven democracia española enfrenta el difícil reto de sobrellevar las aspiraciones de auto-determinación de las provincias y naciones sin romper los márgenes de un Estado unitario. Esto demandaba una política de cuerda floja, al mismo tiempo que acciones radicales para dejar atrás las prácticas pasadas. Al final, este proceso concienzudo de devolución de autonomías e identidades produjo lo que el autor define como “el segundo milagro español” (después del primer “milagro español” que se le adjudicó al país en los años 60 por su gran crecimiento económico). Sin embargo, la violencia de los vascos, más que nada del grupo terrorista ETA y el político de Euskadi, ha entorpecido un poco ese camino y mucho queda por hacer para los líderes españoles.
La Constitución: un arreglo para el nuevo orden
El “proceso constituyente” comenzó el 15 de junio de 1977, que es la fecha de la primera elección legislativa democrática después de la muerte de Franco, y terminó con la aprobación de la Constitución por las Cortes Generales (las dos cámaras del parlamento juntas) en una junta plenario, el 31 de octubre de 1978. Fue, después, ratificada por el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de ese año.
Una de las tensiones que la nueva constitución tuve que enfrentar, fue la de los grupos federalistas y centralistas. Por eso, el artículo 2 del “Título Preliminar” defiende, “la indivisible unidad de la nación española, tierra común e indivisible de todos los españoles”, mientras reconoce “el derecho de las autonomías de las nacionalidades y regiones que la forman y la solidaridad entre éstas”.
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