domingo, 25 de noviembre de 2012

A propósito del foro Periodismo bajo amenaza


A propósito del foro Periodismo bajo amenaza que este martes organiza e-Consulta, quisiera compartir una opinión sobre el tema de la libertad de prensa. En específico, quisiera opinar sobre la mesa número dos, que se refiere al subtema de la censura. Si bien los otros dos subtemas –el narco y el crimen–, también son problemáticas que acosan fuertemente la libertad de prensa en México y otras partes del mundo, mismo que ha sido denunciado y señalado por diversas organizaciones internacionales de prensa y medios, el narco y el crimen no me ocupan en esta pequeña reflexión. El foco aquí es la censura a la prensa desde el Estado, ya sea usando el poder fuerte o el suave, es decir, la fuerza de las armas o del dinero.
El no estar en posibilidades de hacer pleno ejercicio del derecho a la libertad de pensar, decir y escribir de manera pública o privada lo que una persona o periodista tenga ganas, es decir, vivir en un ambiente de censura, sin dudas es un problema para la democracia y su calidad. Pegada a la libertad de expresión está la libertad de prensa. Así, a través de la pauta oficial publicitaria, el premio a ciertos empresarios con negocios o contratos para ellos y sus empresas, créditos, etcétera, el gobierno puede coartar la libertad de periodistas de hacer un libre ejercicio de su profesión.
Lo anterior refiere a un escenario no del todo democrático, donde la censura es llevada a cabo por medio del poder suave del gobierno. En México siempre existió esta práctica, pero lo últimos lustros han mostrado una mejoría al respecto, con todo y que López Obrador diga lo contrario. De hecho, el Peje tiene una narrativa muy parecida a la de Chávez, Correa y Kirchner: “los monopolios mediáticos, fieles representantes del imperio, le mienten a la gente, les lava la cabeza y no les deja ver la realidad de las cosas, porque la gente es una bola de ignorantes que no saben distinguir lo verdadero a la ficción creada por los medios”. En México es Televisa y en Argentina es Clarín. Más allá de la caricaturización presentada, sin duda que el tema de la cultura política de una sociedad y las personas que la habitan es muy complejo como para reducirlo a una línea discursiva como la antepuesta. Sin embargo, esa idea es la que usan los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Argentina, también probada en México por López Obrador.
Dicho lo anterior, quisiera centrarme un poco en Argentina, para sumar una mirada que se pudiera usar para comparar la actualidad de México. En Argentina se sancionó una llamada ley de medios audiovisuales que, en resumidas cuentas, cambia el mapa de empresas que juegan en ese mercado. La empresa más grande del mercado, Clarín, está siendo sentenciada a muerte por la presidente, sus ministros y periodistas afines. El próximo 7 de diciembre, conocido como el 7D, entra en vigor la ley de medios aprobada por el Congreso hace más de dos años atrás. Clarín se amparó de la ley, pero la medida cautelar que dio la justicia termina el día mencionado. Así, el discurso del gobierno que se vende como de izquierda, popular y nacional dice que, a partir de ese día los medios de comunicación en Argentina serán más plurales, democráticos y libres que antes. Para ese día, el gobierno obligará a Clarín a desinvertir en su negocio, es decir, vender desde sus licencias hasta los cables de televisión.
Encima, el tipo de periodismo que se reivindica en los medios que quedarían, de desaparecer Clarín, La Nación y Perfil, es el llamado periodismo militante. Este tipo de periodismo muy de moda en Argentina, más que periodismo y ejercicio del libre pensamiento crítico, se dedica a hacer un ejercicio de justificación, adulación y tergiversación de los acontecimientos políticos de la Argentina. Así, la presidente argentina hace cadenas nacionales cada semana, no da entrevistas o ruedas de prensa, los ministros no conceden entrevistas a no ser que éstas sean en medios oficialistas, y los medios de comunicación con periodistas militantes se dedican a atacar personalmente a los políticos y periodistas que están en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el mejor de los casos, el periodismo militante se propone a generar teorías de la conspiración supuestamente organizadas por el dueño de Clarín, Magnetto, que es un golpista que quiere derrocar al gobierno nacional y popular. Aunque suene a caricatura, ese es el discurso del periodismo militante.  
En Argentina el gobierno ha hecho del canal estatal de televisión y su radio un aparato de propaganda al estilo del nazi Joseph Goebbels. También, ha apoyado a empresarios afines y amigos para crear o comprar empresas de medios de comunicación, al igual que ha hecho quebrar periódicos por no darles un solo centavo por concepto de publicidad oficial o por no venderles o dejarles importar papel. En lo que a periódicos se refiere, el panorama argentino es el siguiente: Clarín, Perfil y La Nación –que es el periódico más antiguo del país– tienen una línea editorial crítica al gobierno; Página 12, La Razón, Crónica, Tiempo Argentino, etcétera tienen una obsecuencia insoportable con el gobierno kirchnerista. El periódico más vendido es Clarín, cuya empresa tendrá que elegir entre tener un canal de televisión o un periódico.
Entre otras cosas, con lo expuesto queda claro que no hay plena libertad de expresión en Argentina o un ambiente de libre prensa como en otros países de la región. A diferencia de México en los últimos años, en Argentina hay censura porque el gobierno se ocupa de descalificar medios y periodistas, además de premiar e incentivar a empresarios amigos para que adquieran medios de comunicación. Al mismo tiempo, la presidente se encarga de enjuiciar muy a menudo al dueño del grupo más importante de la prensa liberal del país, es decir, Clarín, que se transformó en el reducto de la oposición al gobierno. En fin, este escenario no es el deseable para una democracia más o menos de calidad; esperemos que en México el PRI no quiera regresar a esas prácticas que hacen de los medios de comunicación rehenes del dinero de la pauta oficial.      

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