La llamada reforma política a nivel federal contraataca en México,
ahora recargada o reloaded. Tiempo
atrás, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, las reformas en materia
político electoral fueron fallidamente puestas en la mesa de negociación.
Ahora, en el sexenio de Peña Nieto, las reformas políticas vuelven a la luz,
con cierto consenso político y con el halo del Pacto por México. Habrá que ver
qué pasa.
Aunque en el pasado el PRI y el
PRD se opusieron a las reformas políticas que promovía el PAN y el entonces
presidente Calderón, actualmente las cosas no son iguales. Tanto el PAN como el
PRD en el Senado de la República acordaron presentar en esa cámara legislativa
una reforma política, misma que es coincidente en varios puntos con la
presentada en el sexenio pasado y adiciona otros puntos más. En resumen, la
iniciativa de reforma política consta de treinta temas importantes para la
consolidación de la transición hacia la democracia en México.
La propuesta en comento contiene
reformas para crear los gobiernos de coalición con un jefe de gabinete,
reconocer en los gobiernos comunitarios un cuarto nivel de gobierno a nivel
constitucional, así como darle autonomía al CONEVAL e independencia a la PGR. Además,
contempla el ballotage o segunda
vuelta electoral, la reelección legislativa, la eliminación del fuero, incluido
el presidencial, y la reforma política en el Distrito Federal.
También, propone la fiscalización anticipada y durante las campañas de todos los recursos de partidos y candidatos, la pérdida de la candidatura y registro para el partido que rebase los topes de gasto durante las campañas, la nulidad de la elección, la destitución del cargo e inhabilitación del candidato –cuando el sobrepaso de los recursos gastados se acredite concluidos los comicios. De igual forma, plantea sanciones penales por la transmisión de propaganda o publicidad encubierta, la revocación de la concesión de radio y televisión cuando el medio intervenga ilegalmente en las campañas electorales. Además, obliga a los encuestadores a publicar y revelar la metodología, las fuentes de financiamiento y potenciales conflictos de interés con partidos, candidatos, gobiernos e intereses económicos o mediáticos, entre otros puntos.
También, propone la fiscalización anticipada y durante las campañas de todos los recursos de partidos y candidatos, la pérdida de la candidatura y registro para el partido que rebase los topes de gasto durante las campañas, la nulidad de la elección, la destitución del cargo e inhabilitación del candidato –cuando el sobrepaso de los recursos gastados se acredite concluidos los comicios. De igual forma, plantea sanciones penales por la transmisión de propaganda o publicidad encubierta, la revocación de la concesión de radio y televisión cuando el medio intervenga ilegalmente en las campañas electorales. Además, obliga a los encuestadores a publicar y revelar la metodología, las fuentes de financiamiento y potenciales conflictos de interés con partidos, candidatos, gobiernos e intereses económicos o mediáticos, entre otros puntos.
Entre demás cuestiones de la
propuesta de reforma política que se está elaborando en el Senado, valdría la
pena resaltar que la reelección tendría que ser tanto para los cargos
legislativos como para los cargos ejecutivos. En ese sentido, si la reelección
es un mecanismo para tratar de reforzar la rendición de cuentas y la
profesionalización de los cuadros políticos y administrativos gubernamentales,
no queda claro por qué la reforma no contempla la reelección de los alcaldes y
del propio presidente.
En otros países que cuentan con
este mecanismo, como los Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina, por solo nombrar
algunos del continente, si bien la reelección per se no asegura la rendición de cuentas, sí afirma que los
órdenes de gobierno más próximos a la ciudadanía, es decir, el gobierno local o
municipal y el poder legislativo, tengan que rendir cuentas periódicamente
mediante el principal mecanismo de la democracia minimalista: las elecciones.
Es decir, apuntala la efectividad del voto. Para esto, los períodos de mandato se
tendrían que acortar a, por lo menos, cuatro años y los partidos políticos
perderían un poco de fuerza frente al legislador o alcalde, según el caso. Pero
este es un largo tema de discusión que no cabe en este artículo de opinión.
Con todo, es importante resaltar
que tanto los partidos en el Congreso de la Unión como en el Pacto por México
están tratando el reformar las normas que regulan a la política, la
administración pública y a las elecciones en México, lo cual es un avance
importante para la democracia mexicana. Habrá que ver qué pasa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario