México ya cuenta con una regulación para la práctica del lobbying o del cabildeo.
En el primer día hábil de este año, la portada de uno de los periódicos nacionales más importantes, El Universal, informó que desde el 2011 México es uno de los pocos países de América Latina que cuenta con un registro público de cabilderos –curiosamente, son Perú, Chile y Colombia los otros países de la región que cuentan con legislación acorde para reglamentar el lobbying–. Si bien la noticia no fue publicada por otro periódico de circulación nacional, lo que el lunes 3 de enero se publicó en dicho matutino, sin dudas, es una de las noticias sobre el sistema político mexicano más importantes de los últimos tiempos. Pero no me propongo hacer crítica de medios, sino hablar sobre el cabildeo y el nuevo registro de cabilderos que se ha hecho ley en México. Desde ahora, y en este espacio se intentará reflejar, el cabildeo va a empezar a ser más resonante.
En resumen, hablar de lobbying o cabildeo es referirse a la representación de los grupos de interés ante las autoridades electas y gubernamentales. Lobbying es la actividad, lobby el despacho o grupo de interés y lobbyista el profesional o agente. Redunda decirlo pero cabe hacerlo rápidamente: lobbying es una palabra en inglés y cabildeo es la traducción al español, así que ambas palabras pueden ser usadas para hablar de lo mismo, aunque en México el término cabildeo es más común.
Muchas veces el cabildeo está ligado a la corrupción de los más poderosos, a la inequidad en la representación política de los distintos sectores de la sociedad y a los entretelones del poder. Sin embargo, el lobbying también es beneficioso para la profesionalización de la política, las mejoras en las políticas públicas y la producción legislativa. Es decir, está más que claro que el lobbying o el cabildeo es un tema controversial –ya que es donde el binomio dinero y política se entrelaza más profundamente–, e involucra aspectos positivos y negativos para la democracia y un sistema político democrático o en transición.
Ahora bien, lo importante de destacar aquí es que en México el cabildeo legislativo ya está regulado y reconocido de derecho, no solamente de hecho como otrora. Después de 76 años, el Congreso de la Unión cuenta con un nuevo reglamento interior y, por fin, el cabildeo y los cabilderos están sujetos a escrutinio público. Si bien no se promulgó una ley que específicamente trate al cabildeo, en el nuevo reglamento interior del Congreso, el título octavo, capítulo tercero, se legisla el cabildeo. Así, aunque muchos temas quedaron pendientes en la reforma política impulsada por el Presidente Calderón –de igual manera que en el nuevo reglamento interior de la cámara de diputados–, desde este año el cabildeo legislativo está reconocido por la ley, lo cual es un gran avance para el sistema político democrático del país, para la transparencia del mismo, para la ingeniería política y para la profesión del cabildeo. Así, será la Mesa Directiva del Congreso de la Unión la que registre a todos los cabilderos y vele para que el cabildeo sea más o menos transparente.
En tal sentido, en la reglamentación está permitido que individuos o representantes de grupos de interés empresarial, patronal, social, magisterial, laboral, ecologistas, ideológicos, etcétera, acudan al Congreso de la Unión para hacer su trabajo: conseguir acceso e influir en una determinada ley en pro de un beneficio propio o sectorial. Ya sea en el pleno del Congreso o en las comisiones, así como en las audiencias y comparecencias públicas, los cabilderos que estén registrados y admitidos por la Mesa Directiva actuarán de manera transparente y en la luz pública. De esta forma, aunque la redacción no está del todo clara, no está permitido el pago de ningún tipo de intercambio económico entre los cabilderos y los diputados.
Por supuesto que hay muchos puntos que criticar de la legislación: la definición del cabildeo, así como de las estrategias y tácticas que involucran al cabildeo no son del todo precisas; tampoco hay un cuidado puntilloso sobre el dinero en la política, lo cual es un grave error. Sin embargo, el hecho de que haya un registro y que se publique en internet hace que la sociedad civil, la académica y el propio poder legislativo puedan avanzar en la rendición de cuentas de la gestión de intereses. Hay que tener en mente que, sin complementariedad de lo que hace el IFAI y la Mesa Directiva del Congreso de la Unión en lo que respecta al registro de cabilderos, la transparencia no sólo será a medias, sino que no será apropiadamente entendida. De igual forma, que el cabildeo y su regulación no sólo compete al poder legislativo.
Con todo, la noticia publicada por El Universal a comienzos de este 2011 ha sido una muy buena noticia para el estado de la política mexicana y la transición hacia la democracia. Por supuesto que las disposiciones aprobadas para regular el cabildeo tiene varias faltantes, lo cual está implícito cuando se dice que toda ley es perfectible, pero es importante resaltar la noticia y este importante paso adelante.
En el primer día hábil de este año, la portada de uno de los periódicos nacionales más importantes, El Universal, informó que desde el 2011 México es uno de los pocos países de América Latina que cuenta con un registro público de cabilderos –curiosamente, son Perú, Chile y Colombia los otros países de la región que cuentan con legislación acorde para reglamentar el lobbying–. Si bien la noticia no fue publicada por otro periódico de circulación nacional, lo que el lunes 3 de enero se publicó en dicho matutino, sin dudas, es una de las noticias sobre el sistema político mexicano más importantes de los últimos tiempos. Pero no me propongo hacer crítica de medios, sino hablar sobre el cabildeo y el nuevo registro de cabilderos que se ha hecho ley en México. Desde ahora, y en este espacio se intentará reflejar, el cabildeo va a empezar a ser más resonante.
En resumen, hablar de lobbying o cabildeo es referirse a la representación de los grupos de interés ante las autoridades electas y gubernamentales. Lobbying es la actividad, lobby el despacho o grupo de interés y lobbyista el profesional o agente. Redunda decirlo pero cabe hacerlo rápidamente: lobbying es una palabra en inglés y cabildeo es la traducción al español, así que ambas palabras pueden ser usadas para hablar de lo mismo, aunque en México el término cabildeo es más común.
Muchas veces el cabildeo está ligado a la corrupción de los más poderosos, a la inequidad en la representación política de los distintos sectores de la sociedad y a los entretelones del poder. Sin embargo, el lobbying también es beneficioso para la profesionalización de la política, las mejoras en las políticas públicas y la producción legislativa. Es decir, está más que claro que el lobbying o el cabildeo es un tema controversial –ya que es donde el binomio dinero y política se entrelaza más profundamente–, e involucra aspectos positivos y negativos para la democracia y un sistema político democrático o en transición.
Ahora bien, lo importante de destacar aquí es que en México el cabildeo legislativo ya está regulado y reconocido de derecho, no solamente de hecho como otrora. Después de 76 años, el Congreso de la Unión cuenta con un nuevo reglamento interior y, por fin, el cabildeo y los cabilderos están sujetos a escrutinio público. Si bien no se promulgó una ley que específicamente trate al cabildeo, en el nuevo reglamento interior del Congreso, el título octavo, capítulo tercero, se legisla el cabildeo. Así, aunque muchos temas quedaron pendientes en la reforma política impulsada por el Presidente Calderón –de igual manera que en el nuevo reglamento interior de la cámara de diputados–, desde este año el cabildeo legislativo está reconocido por la ley, lo cual es un gran avance para el sistema político democrático del país, para la transparencia del mismo, para la ingeniería política y para la profesión del cabildeo. Así, será la Mesa Directiva del Congreso de la Unión la que registre a todos los cabilderos y vele para que el cabildeo sea más o menos transparente.
En tal sentido, en la reglamentación está permitido que individuos o representantes de grupos de interés empresarial, patronal, social, magisterial, laboral, ecologistas, ideológicos, etcétera, acudan al Congreso de la Unión para hacer su trabajo: conseguir acceso e influir en una determinada ley en pro de un beneficio propio o sectorial. Ya sea en el pleno del Congreso o en las comisiones, así como en las audiencias y comparecencias públicas, los cabilderos que estén registrados y admitidos por la Mesa Directiva actuarán de manera transparente y en la luz pública. De esta forma, aunque la redacción no está del todo clara, no está permitido el pago de ningún tipo de intercambio económico entre los cabilderos y los diputados.
Por supuesto que hay muchos puntos que criticar de la legislación: la definición del cabildeo, así como de las estrategias y tácticas que involucran al cabildeo no son del todo precisas; tampoco hay un cuidado puntilloso sobre el dinero en la política, lo cual es un grave error. Sin embargo, el hecho de que haya un registro y que se publique en internet hace que la sociedad civil, la académica y el propio poder legislativo puedan avanzar en la rendición de cuentas de la gestión de intereses. Hay que tener en mente que, sin complementariedad de lo que hace el IFAI y la Mesa Directiva del Congreso de la Unión en lo que respecta al registro de cabilderos, la transparencia no sólo será a medias, sino que no será apropiadamente entendida. De igual forma, que el cabildeo y su regulación no sólo compete al poder legislativo.
Con todo, la noticia publicada por El Universal a comienzos de este 2011 ha sido una muy buena noticia para el estado de la política mexicana y la transición hacia la democracia. Por supuesto que las disposiciones aprobadas para regular el cabildeo tiene varias faltantes, lo cual está implícito cuando se dice que toda ley es perfectible, pero es importante resaltar la noticia y este importante paso adelante.
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