La reforma político-electoral y el lobbying en México.

La reforma política está en vísperas de ser aprobada por el Congreso de la Unión. Mucho se ha dicho en pro y en contra de la misma; muchos aspectos son susceptibles de análisis y opinión, derivado de los temas que componen a esta reforma o conjuntos de reformas. Uno de estos es el impacto de la llamada reforma política con respecto al lobbying o el cabildeo.

Si bien lo que se terminará aprobando en estos días, como muchos columnistas y analistas vaticinan, es más una reforma electoral que una política –o bien, puede ser denominada reforma político-electoral–, los cambios propuestos son, sin duda, relevantes para el sistema político democrático en sí. Cabe aclarar que las reformas están más ligadas a la democracia minimalista que a la maximalista, por eso se discuten asuntos relacionados a mecanismos indirectos de participación y no a directos. Es decir, aunque al ser una reforma fundamentalmente electoral quedan afuera cambios al sistema político que, en principio, también estaban en la mesa –como por ejemplo, el referéndum, la segunda vuelta electoral o ballotage y la consulta ciudadana–, las reformas propuestas son importantes, como es el caso de la reelección de diputados federales y locales, senadores y alcaldes.

Así, los puntos fuertes de la reforma política son la reelección de legisladores federales y locales, así como de alcaldes, y el cambio de las instituciones que lleva a cabo las elecciones. Entre otras cosas, estos son elementos esenciales para el desarrollo del cabildeo. Dado que muchas de las estrategias y prácticas del cabildeo se basan en la intervención de los diversos grupos de interés en procesos electorales, la aprobación de la reelección para legisladores –y alcaldes–, significa un incentivo para que las prácticas del cabildeo mexicano estén más apegadas a las que se llevan a cabo en el arquetipo estadounidense. Asimismo, hace que la relación de los cabilderos se profundice con los políticos que son legisladores y candidatos, lo cual quita peso a los partidos en cuanto a la selección y apoyo de candidaturas.

Si bien el cabildeo tiene aspectos negativos como ser un medio para la corrupción, el tráfico de influencias y la inequidad entre los diversos grupos de interés e intereses, también tiene impactos positivos para la democracia. Entre otros, amplía la especialización técnica de las demandas de los distintos sectores que hacen cabildeo, lo cual mejora la calidad en las propuestas de leyes, reglamentos y reformas que genera el Poder Legislativo. Asimismo, es un medio para gestionar más asertivamente los intereses de los distintos ciudadanos y grupos, lo cual es una manera de potencializar la eficiencia y eficacia de la democracia, así como su pluralidad. 

Por otro lado, y regresando a la reelección legislativa que está por ser aprobada en México, los legisladores al poder ser reelectos no sólo tienen más incentivos para rendir cuentas en sus distritos electorales y ser más transparentes, sino que  alcanzan especialización legislativa y técnica en determinados temas. También, los legisladores pueden adquirir cierto grado de independencia de su partido político, siempre y cuando tengan la simpatía del electorado.

Así, con todo y las fallas o faltantes, la reforma político-electoral que trae la reelección de legisladores y alcaldes es un paso adelante para el sistema político y la democracia en México. Como se mencionó, la especialización de los legisladores en determinados temas relacionados a algún sector económico y de la sociedad, es positivo para la calidad de la democracia. Asimismo, es un estímulo para la profundización de la relación especializada entre los legisladores y cabilderos de los distintos sectores, grupos y firmas. Esto sumado a la perdurabilidad y calidad de las relaciones entre unos y otros, puede potencializar el cabildeo, lo cual es un insumo importante para la consolidación de la transición hacia la democracia.

Reforma política y reelección en México.

Es cuando menos interesante el que en México se esté debatiendo y reflexionando sobre reformas al sistema político. Reformas en y al sistema, no de éste como sucede en los países que integran el ALBA bolivariano. El Pacto por México, el acuerdo tipo La Monclova de puntos básicos a tratar en la agenda pública, que los tres partidos más importantes del país firmaron con el poder ejecutivo federal, contiene lo que se denomina “la reforma política”. Los partidos en el Congreso de la Unión también tienen el tema, aunque con variantes. Inclusive, varias de las asignaturas enmarcadas en la llamada reforma política están en la agenda nacional desde el sexenio pasado. Entonces, sin priorizar qué paquete de reformas tiene que ser pensada y discutida primero, la reflexión sobre las enmiendas que se proponen a la política es necesaria para un ítem fundamental para el estado de la democracia en México.  

Vale decir que todas las reformas que se proponen en temas electorales, administrativos, financieros o hacendarios, de medios de comunicación, educación, penales, etcétera, son políticas en tanto impactan en la vida y gestión del poder, es decir, en la política misma. No obstante, la llamada reforma política bien puede ser titulada así porque agrupa reformas en leyes y normas que regulan los procesos electorales, el comportamiento de los partidos, entes administrativos y de gestión del Estado, entre otros temas que comúnmente son etiquetados como asuntos de la política con mayúscula. Así, más allá de la reforma política en su versión Senado de la República o Pacto por México –ya dividido en tres ejes: reforma secundaria en materia electoral, ley de partidos políticos y régimen político–, un tema básico es la reelección de legisladores y alcaldes.

Plantear la reelección es un asunto con muchas aristas. Una de estas es que los partidos políticos se ven afectados porque pierden poder ante legisladores o alcaldes, quienes se vuelven más independientes del aparato del partido. Esto puede contraer cambios en los modelos de partidos, entre otras cosas. Por ejemplo, al salir de campaña repetidas veces para el mismo puesto y en el mismo distrito, así como al tener mayor cercanía y capacidad de gestión que el partido ante determinadas comunidades de un distrito dado, los cuadros políticos ganan peso sobre los partidos. Es decir, entre otras cosas, los políticos que ostentan cargos de representación, independientemente de la división de puestos jerárquicos que cada partido acuerde o designe para ellos, toman preponderancia frente a sus respectivos partidos, su burocracia y dinero. Esto choca con un fundamento de la actual democracia mexicana, que se podría esquematizar en que los partidos políticos sistémicos, medianamente institucionalizados y fuertes sostienen a los sistemas de partidos y electoral, en los que a su vez descansa la democracia todavía en transición.

Así, aunque la reelección debilita a los partidos frente a los políticos que son representantes de la ciudadanía –“parlamentarios”, en términos del clásico Maurice Duverger–, esta juega un papel central para cualquier democracia minimalista: potencia el valor y peso del voto. Es decir, en teoría, la reelección empodera al ciudadano y efectiviza el principal instrumento de participación –el sufragio–, lo cual no es menor en una democracia liberal, de corte minimalista. Las democracias liberales, minimalistas, elitistas, schumpeterianas o pluralistas asignan un valor fundamental a las elecciones libres y competidas. Justamente, se llaman minimalistas porque el mecanismo más importante para legitimar y legalizar un gobierno democrático es mínimo, ya que se da en las urnas y en el origen del gobierno, no tanto en la gestión. En tal sentido, instrumentos para efectivizar el voto son torales para la calidad de este tipo de democracia.

Con todo y que en los últimos años han habido intentos y acciones en pro al gobierno abierto, es decir, a una democracia un tanto más maximalista, con distintos instrumentos de gobernanza y rendición de cuentas que pugnen por hacer que la democracia de las urnas sea trasladada a la gestión, el núcleo del sistema democrático liberal que rige en países de occidente sigue siendo minimalista. Entonces, hablar de reelección no es un tema menor. Al existir la posibilidad de la reelección, muchos de los políticos que ostentan puestos de elección popular se verán ante la opción de reelegirse en su cargo, lo que en teoría significa confrontarse ante el escrutinio público para evaluar su trabajo. Esto pudiera abonar a la rendición de cuentas vertical, la primordial en el sistema democrático que México tiene.

Sin dudas que el tema de la reelección conlleva muchas aristas y dicotomías. Incluso, también debería contemplarse la reelección del presidente de la república, la periodicidad de las reelecciones y los tiempos de gestión. Pero, por el momento, eso sería demasiado pedir. El asunto está muy arraigado en la cultura política mexicana y se acuña con el lema de la revolución “sufragio efectivo, no reelección”, mismo que el priismo amoldó para que el principio deviniera en generaciones de políticos chapulines. Dejando de lado lo anterior, la reelección de alcaldes, diputados locales y federales, así como de senadores es importante y está en puerta, por lo que se necesitarán distintas opiniones para matizar un tema que no es sencillo y ni siquiera es avalado por muchos académicos, políticos y ciudadanos.             

De los 20 años del IFE y lo que se viene

Este lunes se cumplieron 20 años del nacimiento del Instituto Federal Electoral (IFE). En este tiempo de transición hacia la democracia, en México las reglas del juego político cambiaron y mucho. El paso parecería lento, por momentos erróneo y sinuoso, pero de haber elecciones fraudulentas para nada competitivas, en donde todos sabían de antemano el ganador, se pasó a un marco electoral dentro de todo democrático, respetado por las partes y competitivo. Así, desde 1990 el IFE ha organizado siete procesos electorales federales en donde, de a poco y aunque las opiniones al respecto siempre encontrarán gente a favor y gente en contra, se empezó a palpar un cambio democrático en la historia política de México.

Claro está que uno de los pilares de la democracia es que el resultado de las elecciones sea aceptado por las partes. Como en México el problema del sistema político radicaba en que no se respetaba el voto, había que buscar la manera de que sí se respetase. Con este principio como base, entre varios otros, el IFE se erigió como el símbolo institucional de la democracia en el país. Por eso, a grandes rasgos, la labor del IFE fue fundamental para que, por medio de las reformas al sistema electoral promovidas en estos últimos veinte años –que parecen pocos para la historia bicentenaria pero que son bastantes–, en México haya cierta pluralidad política, alternancias de mayorías legislativas, de partidos en la presidencia de la república y elecciones mínimamente democráticas.

Dicho lo anterior, el 2006 fue un proceso electoral costosísimo para el IFE, y no solamente en términos monetarios. López Obrador y su campaña de fraude resintieron la confiabilidad de muchos mexicanos hacia el IFE, es decir, hacia el mecanismo que se había encontrado para asegurar una democracia mínima en el país. Así, en el 2007 se concluyó que la urgencia era evitar las campañas sucias entre los candidatos y revisar la manera en que se gestionaban y repartían los tiempos de aire en la televisión. Pero la reforma electoral de aquel año fue severamente criticada porque acotó libertades en nombre de equidades y las campañas sucias continuaron. Justamente, a 20 años de la creación del IFE, la imparcialidad del árbitro electoral está sujeta de sospechas por el aparente convenio mediático de Peña Nieto, el destapado del PRI, y Televisa.

Si algo sobresale en la cotidianidad de la política mexicana, en la grilla, es la constante presencia en la televisión del gobernador del Estado de México. Peña Nieto está en la pantalla más tiempo que gente que trabaja en los mismos medios. Su "informe de gobierno", por ejemplo, lo pasaron en todos los canales y a todas horas. Con el cinismo al estilo priísta de antaño, el gobernador de uno de los estados del país que no necesariamente destaca por su desarrollo humano, habla fuera de tiempo y lugar sobre asuntos que efectivamente hacen a la campaña electoral de un candidato presidencial. Es un hecho: Peña Nieto está como celebridad de los paparazi de la televisión, imponiendo no ya su candidatura a la presidencia, sino su arribo a Los Pinos.

Así las cosas, a 20 años de la creación del IFE, el 2012 está a la vuelta de la esquina y, sin dudas, será uno de los retos más duros para el IFE desde su creación. Por lo que se ve en la televisión, la campaña de Peña Nieto es ilimitada en recursos, poco transparente, demagógica, mentirosa, carente de todo rasgo democrático, mas arrolladora en tiempo aire de televisión. En síntesis, a diferencia de las elecciones del 2000 y 2006, el PRI ahora sí tiene gallo; ¿podrá el IFE lograr que el PRI se atenga a las reglas? Por el comportamiento de Peña Nieto en la televisión, responder que el IFE sí podrá hacerlo pareciera ser complicado.

Reelección o no: hete aquí la cuestión

Con la propuesta del Presidente Calderón de permitir la reelección de los legisladores y alcaldes se abre una ventana de discusión de alta importancia y delicadeza para la agenda de reforma política. Si bien hay voces de todos los tonos que hablan en pro y en contra de dicha propuesta de reforma política, no son pocas las opiniones que hablan de que más allá de que la medida sea buena o mala, la misma no es impensada o improvisada, ya que era una de las tantas propuestas de la batea del Presidente Felipe Calderón. Así, ante un tema tan delicado para la democracia en sí, en particular para los partidos políticos y el monopolio que sostienen sobre las candidaturas de representación popular, la intención de este artículo es sumar argumentos para que las palabras “reforma política” o “reelección” no sean lugares comunes, en términos de Ortega y Gasset.

Si bien la llamada reforma política, por lo pronunciado por el Presidente Calderón, abarca un abanico bastante amplio de variables, se puede entender que la innovación se trata de una serie de cambios en la ingeniería constitucional del Estado mexicano y que cada tópico contiene pros y contras para el sistema político. Así, los cambios impulsados como la reducción del número de legisladores federales, el incremento del número de votos que cada partido necesita para tener registro electoral y la posibilidad del veto presidencial, entre otros temas, han levantado una serie de comentarios donde resaltan los matices de la mecánica del sistema político mexicano. De igual manera, la posibilidad de la reelección de legisladores y alcaldes, la habilitación de candidaturas independientes y la segunda vuelta en elecciones presidenciales son temas que han generado diversas críticas y elogios pero que, sin embargo, a veces resultan en análisis reduccionistas o repletos de tintes políticos que poco ayudan al estudio de esta materia técnica y delicada.

Enfocando al término “reelección” por separado y omitiendo otros temas también medulares de la reforma política, en este tema específico se pueden encontrar pros y contras que hacen fundamental el análisis detenido. Por un lado, los pros de permitir la reelección de los legisladores y los presidentes municipales son varios, ya que indefectiblemente los cuadros políticos tienden a profesionalizarse y conocer mejor su labor parlamentaria o ejecutiva. Además, los representantes someterían sus mandatos al escrutinio público, ya sean éstos alcaldes o legisladores, y serían las urnas y el voto ciudadano, en lugar de una cúpula partidaria, quien tenga más peso en decidir qué tan bueno para desempeñar su encargo es tal o cual representante de un cargo público. Es decir, los partidos tendrían menos poder y los candidatos serían más independientes, por lo que sería más decisivo el humor del electorado que la del partido.

Por el otro lado, las contras de de la reelección en el sistema político mexicano serían muchas, destacando la corrupción de algunos dirigentes políticos, por sobre todo los presidentes municipales y las instituciones locales en general. En un sistema político donde los pesos y contra pesos no funcionan del todo bien, la cultura política democrática no es madura, el clientelismo aflora y la transparencia de los gobiernos locales deja muchísimo que desear, pensar en la reelección de los mandatarios es extremadamente delicado. También, pensar en esta reingeniería constitucional implica ensayar nuevos sistemas de representación y redibujar los distritos electorales del país, ya que la iniciativa de Calderón toma en cuenta la reducción del número de representantes legislativos, entre otras cosas interrelacionadas con la posibilidad de reelección de los cuadros políticos. De esta forma, tanto por los pros y las contras de la reelección de las autoridades públicas, analizar la posibilidad de este cambio en México no es una tarea fácil.

Dicho lo anterior, una hipótesis tentativa y parcial que se puede esbozar es que, en una democracia de baja calidad como la mexicana, la reelección de los presidentes municipales puede ser, a la vez, un estímulo positivo y negativo para la calidad institucional de la democracia. Por el lado negativo, la corrupción y los mandatos personalistas eternos. Por el lado positivo, la profesionalización y la mejora de los cuadros políticos que ocupan los cargos de representación pública. Quizá una pregunta atinada para pensar en este respecto puede ser: ¿Qué es mejor para el caso mexicano, la profesionalización y longevidad de los cuadros políticos o la creación de nuevos cuadros cada tres años?

Mientras más preguntas y respuestas se formularán sobre el tema de la reforma política y la reelección en México, en principio sería bueno tener en cuenta la reflexión del clásico Giovanni Sartori, quien en el posfacio de su libro Ingeniería constitucional comparara (CFE, 2007) apunta que: ante la complejidad que en un país como México implica reformar el sistema político para permitir la reelección de los mandatarios locales y diputados, él se inclinaría por dejar las cosas como están y no buscar complicar un sistema que, más o menos, ha funcionado bien para la democracia. En conclusión, el análisis objetivo, técnico, plural y detenido es fundamental para desarrollar una ingeniería constitucional plausible y positiva.